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Madrid, 14 de julio de 2026. El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, una modificación legislativa que supone una de las mayores transformaciones del sistema de cuidados en España de las últimas dos décadas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, busca ampliar derechos, simplificar los trámites administrativos y garantizar una financiación más estable para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Uno de los principales cambios de la reforma es el compromiso de que la Administración General del Estado financie el 50% del coste del sistema de dependencia, una medida que queda incorporada a la ley con el objetivo de asegurar la sostenibilidad económica del modelo y reforzar la colaboración con las comunidades autónomas. Además, el Gobierno ha anunciado una inversión adicional de 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027 para fortalecer los servicios de atención y reducir las listas de espera.
La nueva normativa apuesta por un modelo de atención centrado en la persona, priorizando la autonomía, la vida independiente y los apoyos personalizados. Entre las principales novedades destaca la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones y servicios, lo que permitirá a los beneficiarios acceder a una atención más adaptada a sus necesidades.
Asimismo, la reforma agiliza el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia mediante procedimientos más sencillos y coordinados. Entre las medidas previstas se encuentra el reconocimiento automático de determinados grados de discapacidad en función del grado de dependencia reconocido, con el objetivo de reducir la burocracia y acelerar el acceso a las ayudas.
«Se reconocerá automáticamente un 33% de discapacidad a aquellas personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65% de discapacidad. De esta manera se desburocratiza el reconocimiento de la discapacidad, agilizando los procesos administrativos y reduciendo las listas de espera«
La ley también incorpora nuevas figuras de apoyo, como el asistente personal, refuerza la ayuda a domicilio, amplía los servicios de teleasistencia y facilita que personas convivientes, aunque no tengan vínculo familiar, puedan asumir el papel de cuidadoras dentro del entorno habitual de la persona dependiente.
Otro de los aspectos relevantes es el desarrollo del nuevo artículo 49 de la Constitución, reforzando el enfoque basado en los derechos de las personas con discapacidad y consolidando la accesibilidad universal como un derecho exigible. Además, se promueve la inclusión laboral y social, favoreciendo que las personas con discapacidad puedan compatibilizar determinadas prestaciones con el empleo.
Tras su aprobación en el Congreso, el texto continuará su tramitación en el Senado antes de su entrada en vigor definitiva. El Ejecutivo considera que esta reforma supone una «refundación» del sistema de dependencia y un paso decisivo hacia un modelo de cuidados más accesible, eficiente y centrado en las personas.
